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DEONTOLOGÍA INFORMATIVA Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

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Slider_deontologia_informativa_terremotoEn la literatura especializada en Comunicación es conocida y aceptada, por lo general, la definición de la ética como el ámbito relativo al “conjunto de rasgos y modos de comportamiento” siguiendo el canon del Diccionario de la Real Academia que, en su última versión, incorpora la palabra “ethos” como “conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad”, quizás por influencia del filósofo de la modernidad (Kant) y la concepción del imperativo categórico que en buena medida ha ocupado los intereses y debates a este respecto en el campo. Poco común es, paradójicamente, asumir la dimensión comunal que asocia este ámbito de reflexividad con la necesidad de cierta predisposición a hacer el bien o, genealógicamente, referir esta noción al significado originario de guarida, refugio o morada, lugar donde habitan los hombres, más allá de Aristóteles. En el tiempo que vivimos parece, sin embargo, más conveniente, en la Comunicología y otras Ciencias Sociales y Humanas, partir de esta última noción, pues en nuestro tiempo, de crisis civilizatoria y transición a nuevos paradigmas, se torna urgente pensar las ecologías de vida, repensar el oikos. De hecho, la humanidad se enfrenta hoy a la necesidad de reformular la cultura, el modo de ser y carácter, como hábito, morada o refugio, en la indisoluble unidad histórico-material del sujeto-mundo y sus formas de construir las ecologías de vida desde el campo lábil y conflictivo de las mediaciones. Más aún, cuando estas se ven amenazadas como por ejemplo en una crisis humanitaria o con motivo de desastres naturales como los terremotos vividos estos días en Ecuador la cuestión es de Estado y de salud. De pura vida.

El mejor eslogan del nuevo Estado surgido tras la constituyente de Montecristi que impulsara la revolución ciudadana es, sin duda, que Ecuador Ama la Vida. Tengo sin embargo serias dudas que algunos profesionales de la información amen Ecuador. No se trata sin más de un axioma sino más bien de una preocupación tras observar numerosas y habituales malas prácticas profesionales. Así por ejemplo, no es de recibo que reconocidos profesionales jueguen a humoristas en las redes sociales. Ni que se haga uso instrumental de las víctimas con fines políticos o editoriales. En casos de excepción, la protección, seguridad y compromiso solidario y responsable son principios sagrados en casos de crisis y emergencia humanitaria. Sin embargo, se ha instalado en la generalidad de los medios informativos, por influencia en buena medida del mercantilismo neoliberal, o de poca profesionalidad y competencia, en otros casos, que un profesional de la información, fuera de la pantalla o medio para el que labore, puede decir y hacer lo que bien le convenga. Por ejemplo, anunciar entidades bancarias, como hizo el presentador Matías Prats en España, haciendo caso omiso de los códigos deontológicos que vienen marcando la obligada separación entre información y anunciantes (publicidad) desde mediados del siglo pasado. O, como es el caso de Ecuador, enviar mensajes insidiosos o de escarnio que atentan contra la moral, el bien común y las buenas costumbres. No es preciso, en este sentido, hacer un curso de Ética y Deontología Informativa para poner en evidencia lo obvio. Por ello, es conveniente recordar algunos preceptos a fin de que, si sirve de pedagogía, el comportamiento de la profesión sea manifiestamente mejorado. A modo de recordatorio cabe apuntar al menos cinco exigencias de obligado cumplimiento deontológico en estos casos:

  1. 1. Los criterios de noticiabilidad han de ser, en casos como el de un terremoto o emergencia humanitaria, más pertinentes, rigurosos y ponderados. No es aceptable difundir cualquier noticia por el hecho de tratar de un tema que preocupa y afecta sobremanera a los ecuatorianos a fin de cumplir el objetivo del rating.

  1. 2. El protocolo de los informadores ha de privilegiar las fuentes oficiales a fin de no dar pié a rumores, efectos disfuncionales o simplemente avivar la innecesaria alarma social en estos casos. Esta es la máxima garantía en situaciones de extrema incertidumbre e inestabilidad para ofrecer a la población información veraz, oportuna y de servicio. Y ello no es un problema secundario en estos casos, especialmente en los territorios afectados.

  1. 3. La patología de la información del sensacionalismo victimizando a la población afectada atenta contra el derecho a la propia imagen de las personas y no cumple la función de servicio público que legitima toda mediación periodística. Por ello, es preceptivo, pudiendo tratar el periodismo de interés humano, no incurrir en la espectacularización de las imágenes ni en los discursos y narrativas melodramáticas que abusan de la musicalización y otras técnicas de explotación sensacionalista de la desgracia ajena.

  1. 4. Los medios y periodistas han de privilegiar el denominado periodismo de servicio (reportajes de entidades para la cooperación y solidaridad, ayuda de emergencia, puntos de acopio, acciones institucionales, o buenas prácticas de seguridad y protección ante contingencias).

  1. 5. La mediación y el periodismo responsable han de contribuir a desplegar estrategias de periodismo cívico y comunicación para el desarrollo dando continuidad y seguimiento a la noticia en terreno con metodologías participativas que permitan procesos de resiliencia y favorezcan, junto a la población, como históricamente han hecho los medios comunitarios, procesos de reconstrucción e integración social. El tiempo de la información solidaria y responsable no es el tiempo de la opinión y la controversia política, legítima en el plano de confrontación electoral y partidaria pero no desde el punto de vista de la deontología informativa en casos como el que vive el país.

    En tiempos de crisis y emergencia humanitaria, no se puede abusar de la mala praxis, se desconozca o no el deber profesional. Y vemos con preocupación que esto es una costumbre habitual. Cuando inauguramos en diciembre la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión y Sociedad del Conocimiento no pensamos que tendríamos que abordar la regeneración ética del periodismo. Pero dado que en el Observatorio Latinoamericano de Comunicación (OLACOM), constituido en 2014, hemos iniciado la articulación de una plataforma regional para el monitoreo, análisis y crítica de la mediación periodística con la Escuela de Derechos Humanos para impulsar la formación y estudio de los retos relativos al papel de la comunicación en un mundo global hipermediatizado, desde una mirada crítica y emancipadora, tendremos que dedicar algunos conversatorios y acciones formativas en la materia.

Pues de la Declaración y Principios Fundamentales de la UNESCO (1978) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (1966) a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001), los marcos y corpus normativo que regulan la profesión periodística son vastos, consistentes y debieran ser bien conocidos en la región. Pero la praxis de la libertad de prensa es otra cosa. El imperativo categórico de la autonomía, la conciencia, la libertad y responsabilidad social de los informadores e instituciones mediáticas sigue siendo una tarea pendiente en la democracia sin la que es imposible pensar un habitar, morada o refugio, digno de ser llamado como tal. Y en ello, la Academia tiene un compromiso por cumplir, dada la ausencia, criticada hace una década por McQuail, de teoría normativa en la investigación y, yo añadiría, desde luego, en la enseñanza, en lo inmediato, que se lleva a cabo en las facultades. Así sucede que en países como México o Estados Unidos, la proliferación de protocolos de calidad y control ético de cobertura e incluso de institucionalidad contrasta, paradójicamente, con la degradación del producto y ecosistema informativo. Puesto que el problema, en este rubro, no es, básicamente, una cuestión de métodos ni técnicas de control de calidad periodística como, más bien, por el contrario, de episteme, principios y sentido responsable de servicio público en la mediación social. La gravedad de esta situación es aún mayor si pensamos el contexto de turbulencias que estamos viviendo. Y ya no por catástrofes naturales, sino por terremotos políticos.

    Escribo estas líneas pocos días después que en Brasil, el Senado apartase de la presidencia a Dilma Rousseff en buena medida gracias a la manipulación y puesta en escena del golpismo mediático, abanderado por el grupo Globo, una empresa, como Televisa, que históricamente se ha destacado por justificar, omitir, ocultar y promover la violación sistemática de los Derechos Humanos. No es el único caso. Léase el estudio del profesor Fernando CASADO titulado “ANTIPERIODISTAS. Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela” (Akal, Madrid, 2015). En un reciente acto que organizamos en la Cátedra UNESCO a propósito de los Golpes Mediáticos, tuve a bien insistir en la ausencia de garantías democráticas para una ecología informativa digna, entre otras cosas porque no hay instancias sancionadoras ni a nivel nacional ni supranacionalmente. De ahí la pertinencia de la Organización Internacional de Corregulación de Medios (OICM) en un mundo cosmopolita de redes distribuidas de información y conocimiento. Pero no solo. Es preciso reinventarnos, repensar juntos una Economía Social de la Comunicación y los Bienes Comunes que haga realizable el Ethos de una Comunalidad verdaderamente humana. En un tiempo de imposición del panóptico digital, la ética y la economía, la libertad y la autonomía social de lo procomún, de Hannah Arendt a Elionor Ostrom, de la ética a la ecología de vida, nos obliga moralmente a pensar en la Academia varios ejes metaéticos que, a mi modo de ver, resultan retos sustanciales sobre los nuevos derechos de la audiencia y la ciudadanía en el deber de fiscalización pública de los medios periodísticos, para instituir espacios de regulación como los Consejos Audiovisuales, también en las redes, si de verdad hablamos en serio de Democracia y Derechos Humanos.

      No es posible regeneración democrática sin revolución ética y política, sin transformación del marco normativo, de la mediación periodística. Todo atento analista crítico y ponderado sobre las mediaciones del periodismo en la región sabe que, estructuralmente, existe un conflicto permanente entre propiedad de los medios, gobierno, bienes comunes y reconocimiento cultural de la realidad referenciada por los informadores. Esta disfuncionalidad es evidente en procesos como los vividos en Brasil o Venezuela y explican retrocesos democráticos como los vividos en México y Perú. En Chile, por ejemplo, cerrar el capítulo nefasto de la Dictadura de Pinochet exige un proceso constituyente y, al tiempo, una reforma del sistema de medios que no excluya a la mayoría de chilenos y al pueblo mapuche.

      En definitiva, necesitamos otro marco de convivencia y sabemos, sospechamos y compartimos la idea de que OTRA INFORMACIÓN ES POSIBLE, UNA ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN ES PERTINENTE Y NECESARIA. UNA COMUNICACIÓN DE MÚLTIPLES MUNDOS EN EL QUE QUEPAN OTROS MUCHOS MUNDOS ES VIABLE. La cuestión es revolucionar nuestro modo de pensar y producir la mediación social. Educar para transformar, transformar para educar en otro marco normativo de referencia. Aquí y ahora. Esta es la exigencia mayor de nuestro tiempo y la razón de ser del Principio Esperanza que ha de habitar el campo de la Comunicología como Ciencia de lo Común.

Queda hecha pues la interpelación precisa y necesaria al lector. Y esperemos que ante próximos sismos, naturales o políticos, los mediadores no olviden que su función tiene normas que cumplir y responsabilidades que atender.

 

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